La influencia de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos en el Derecho penal de Uruguay

Abstract

Este informe tiene como objetivo responder a dos preguntas: ¿Uruguay está obligado a cumplir con las decisiones y resoluciones de los principales órganos interamericanos de protección de los derechos humanos?, y ¿en qué argumentos jurídicos se fundamenta dicho cumplimiento? El análisis de esta cuestión comprende la recepción y ejecución por parte de las autoridades nacionales de las decisiones interamericanas que incumben al Estado uruguayo en materia de responsabilidad por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos (cadh). El informe no pretende responder a la pregunta de sobre si la jurisprudencia uruguaya se adhiere a los fundamentos o razones del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, sino a otra cuestión específica: ¿la decisión misma ha sido cumplida o desatendida por el Estado uruguayo? Todo el análisis se lleva a cabo con una mirada crítica en relación con algunas exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) referidas a cuestiones de derecho penal y de los derechos materiales y formales de los justiciables.

This report aims to answer two questions: Is Uruguay obliged to comply with the decisions and resolutions of the major Inter-American bodies for the protection of human rights? And on what legal arguments is such compliance based? The analysis of this matter involves the reception and implementation by national authorities of Inter-American decisions concerning the Uruguayan government liability for violations of the American Convention on Human Rights (ACHR). The report does not intend to answer the question of whether Uruguayan law adheres to the grounds or reasons of the Inter-American system of human rights protection, but it does address another specific question: Has the decision itself been met or neglected by the Uruguayan government? The analysis is carried out with a critical perspective on some requirements of the Commission regarding issues of criminal law, and the formal and material rights of individuals.