La figura delictiva “prevaricación” no es en modo alguno novedosa o de nuevo cuño. Es una figura delictiva con cierto abolengo en nuestro sistema legal penal, que ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Posiblemente la última fase del proceso evolutivo de la prevaricación tiene que ver con la aparición de la protección del medio ambiente en el Código Penal, fruto del párrafo tercero del artículo 45 de la Constitución española. Paralelamente, está relacionada también con el párrafo segundo de la citada norma constitucional, que impone a la administración facultades, pero también ineludibles obligaciones, como máxima garante del medio ambiente y de los recursos naturales existentes en nuestro país. Con la promulgación del Código Penal de 1995 la protección del medio ambiente sufrió una expansión —desde el estricto marco de las emisiones y vertidos del antiguo artículo 347 bis—, ampliándose a toda una larga lista de conductas, incluyéndose entre ellas muchas relacionadas con el patrimonio histórico y la ordenación del territorio. Dado que las irregularidades administrativas que se han venido produciendo en esta materia en España son de mucho calado y relativamente frecuentes, de este modo, cuando el legislador decidió afrontar la represión de las mismas por la vía penal decidió incorporar tres figuras especiales de prevaricación. Se trata de la prevaricación ambiental propiamente dicha, la prevaricación en patrimonio histórico y la prevaricación en ordenación del territorio y urbanismo. Estas tres figuras constituyen la faceta más reciente del proceso evolutivo de la prevaricación. De estas tres figuras, la prevaricación en ordenación del territorio, o urbanística, es sin duda la más aplicada por los tribunales y, en consecuancia, la que más jurisprudencia ha dado lugar hasta el mo- mento. A lo largo de estas páginas se examina todo el proceso, así como la jurisprudencia más actual que se ha elaborado sobre esta controvertida figura, habida cuenta el papel destacado que los tribunales han desempeñando en el proceso evolutivo en cuestión.
The offense of “breach of official duty” is by no means novel or newly coined. It is an offense with some tradition in our criminal legal system, which has evolved over time. Possibly the last stage of the evolutionary process of this offense has to do with the emergence of the protection of the environment in the Criminal Code, which resulted from the third paragraph of Article 45 of the Spanish Constitution. At the same time, it relates also to the second paragraph of the above-mentioned constitutional provision, which grants the administration certain powers, but also unavoidable duties, as maximum sponsor of the environment and of the natural resources existing in our country. With the enactment of the Criminal Code of 1995, environmental protection extended —from the strict context of emissions and discharges of former Article 347 bis—, to cover a long list of behaviors, including many related to historical heritage and territorial planning. Since administrative irregularities on this matter have been substantial and relatively frequent in Spain, when the legislators decided to approach punishment for these offenses through criminal law means they decided to incorporate three special figures for the breach of official duty. These are the actual environmental breach, the breach in historical heritage and the breach in land planning and urban design. These three figures are the latest stage of the evolutionary process of the breach of official duty. From these three figures, the breach in spatial planning, or urban development is without doubt, the most applied by the courts and, consequently, the one that has produced more jurisprudence thus far. In these pages you will review the entire process as well as the most current case law that has developed on this controversial figure, given the prominent role that the courts have been playing in the evolutionary process involved.
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