Es una necesidad sentida por todos los especialistas que España tenga una nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal que sustituya a la vetusta de 1882, todavía vigente. En un momento en el que parece que por fin puede
acometerse tal iniciativa políticamente parece intención común avanzar hacia un modelo más acusatorio, más anglosajón,
siendo el considerado el proceso penal federal de los Estados Unidos de Norteamérica, pero no todo son ventajas,
hay muchos riesgos. Una pura copia sería un desastre, un abandono de nuestras propias instituciones que han
funcionado bien sería un fracaso. Este artículo advierte de ello, partiendo del modelo
Spanish specialists are of the opinion that Spain needs a new Criminal Procedural Code to replace the
old-fashioned one, dating back to 1882, still in force today. At a time when it seems politically possible to move towards
a more accusatorial model, the federal criminal process of the United States has been chosen. But it is not all
advantages, there are also many risks. A straight copy would be a disaster, a desertion of our own legal institutions
which have, up to now, worked well would be a failure. This article warns us about these dangers, starting from the
model