El presente artículo analiza la Ley 4/2002 del Parlamento de Andalucía, por la que
se crea el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Dicho estudio se realiza situando esta
Ley en el contexto de descentralización que en los últimos años está caracterizando a
la intermediación pública en el mercado de trabajo. Como se expone, la decisión de
organizar un servicio de empleo autonómico es consecuencia, entre otras razones, de
las posibilidades que ofrece el actual marco jurídico de la colocación. Apoyándose en
él, las Comunidades Autónomas empiezan a crear estructuras específicas a través de las
que desarrollar labores de intermediación. Debido a ello, se realiza un breve recorrido
por los principales hitos del proceso que ha derivado finalmente en la transferencia que
la Administración Central ha efectuado de esta materia a las Comunidades Autónomas.
Tras esta perspectiva, se entra en el análisis específico de su desarrollo en Andalucía,
a través de dos referencias: el Servicio Andaluz de Colocación, precedente del actual
SAE, y la citada Ley 4/2002.
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